Los beneficios son obvios para el estudiante y para las universidades privadas más costosas. Pero el programa no aumenta la equidad, no ayuda a las universidades públicas, no aporta al desarrollo regional y tiene poca cobertura. ¿Cómo entonces mejorarlo?

Por: Julián de Zubiría Samper

Único en el mundo

Ser Pilo Paga (SPP) fue vendido como una estrategia para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior en Colombia.

La exministra Gina Parody aceptó la recomendación de la Universidad de los Andes de seleccionar estudiantes de Sisbén 1 y 2 con resultados  excelentes en las pruebas Saber 11 y decidió otorgarles un crédito condonable en la universidad que eligieran para que no se quedaran sin estudio.

El programa cumple tres años y cuenta ya con 30.500 “pilos” seleccionados. Sin duda, tuvo una excelente estrategia de mercadeo y logró una de las más grandes campañas publicitarias educativas que conozcamos. Hace poco el presidente Santos informó que sería convertido en política de Estado.

Pero a diferencia de casi todos los programas de este tipo en el mundo, donde las universidades cofinancian de algún modo los estudios de los beneficiarios, en el caso colombiano el Estado paga el 100 por ciento del valor de la matrícula y las universidades no desembolsan ni un solo peso para recibirlos.

Esto es totalmente atípico puesto que en cualquier otro país, las universidades contribuyen a la financiación del programa y como mínimo conceden un descuento en el valor de la matrícula para los estudiantes que les remite el Estado. Pero en Colombia ni siquiera las universidades privadas más costosas y de mejor calidad cobran matricula reducida a los beneficiarios de SPP.

Ganan las privadas de mejor calidad

El Departamento Nacional de Planeación seleccionó a la universidad más beneficiada por el programa para que realizara el único balance general que se conoce.

La Universidad de los Andes -con 1.872 pilos y con 49.000 millones de pesos recibidos- llevó  a cabo el estudio que ha sido divulgado en estos días y que básicamente concluye lo que era de prever: que la probabilidad de ingresar a la universidad aumentó significativamente para los estudiantes de bajos ingresos, y que ellos se desplazan hacia las universidades de mayor calidad y costo.

Estos efectos están fuera de duda, y en este sentido SPP es muy positivo para los jóvenes y para las universidades beneficiadas. A los primeros les da una oportunidad de oro; y a las segundas les resuelve problemas de admisiones con jóvenes con excelente potencial académico y les permite diversificar la composición social de su estudiantado.

Si se deja que los estudiantes elijan la universidad, una y otra vez, optarán por las universidades y carreras más costosas.

Pero aún entonces la pregunta central es si el programa está aumentando la equidad y contribuyendo a hacer realidad el derecho a la educación de los estudiantes pertenecientes a las familias de menores ingresos. La respuesta a ambas preguntas es muy simple: no.

De manera extraña los diseñadores del programa no previeron lo que era totalmente previsible: que los estudiantes acabarían eligiendo las universidades y carreras más costosas. Según cálculos del Observatorio de la Universidad Colombiana, en el primer año de funcionamiento las universidades privadas acreditadas recibieron el 98 por ciento de los dineros girados, y para los años 2015 y 2016 el 94 por ciento, dado un ajuste contable necesario al pagarse el costo real a las universidades públicas.

Esto ha implicado un traslado masivo de recursos del Estado hacia las universidades privadas. Hasta el momento les han girado 367.000 millones, pero para el año 2018 y cuando estén matriculados los 40.000 estudiantes el dinero que se les va a girar será cercano a los 800.000 millones (incluyendo el valor de la matrícula y otros subsidios que se otorgan a los beneficiarios).

Si se deja que los estudiantes elijan la universidad, una y otra vez, optarán por las universidades y carreras más costosas. Esto sucede porque los estudiantes no son conscientes del subsidio que tiene la educación pública y por ello suponen que su beneficio será mayor si eligen la universidad más cara. Por ello, las universidades que han seleccionado los “pilos” son la del Norte, los Andes, la Javeriana, La Salle y Sabana, las cuales han recibido la mitad de todos los giros del gobierno hasta el momento.

El déficit de las públicas

El problema se agrava si se considera el déficit de las universidades públicas. Para comprenderlo hay que tener en cuenta que la Ley 30 de 1992 estableció que los giros del Estado aumentarían anualmente con el Indice de Precios al Consumidor (IPC), al tiempo que sus gastos crecen unos 4 puntos superiores en términos reales. Esto se debe a que estas universidades atienden hoy una población 3,5 veces superior, tienen un número creciente  de docentes con títulos de maestría y doctorado y de estudiantes en estos niveles del sistema.

En la Universidad Nacional, por ejemplo, el 18 por ciento de los estudiantes están en maestrías o doctorados y el 91 por ciento de sus docentes tiene uno de estos dos títulos. Si se tiene en cuenta que un estudiante con estudios de posgrado tiene un costo tres veces superior y que un docente eleva su salario al alcanzar dichos títulos y al publicar, se comprenderá por qué el déficit de estas universidades es estructural y creciente: sus ingresos crecen a un ritmo menor que sus gastos.

Bogotá y las regiones

El segundo error grave de diseño del programa está en que equivocadamente promueve el desplazamiento de los estudiantes a los grandes centros urbanos. En lugar de fortalecer las regiones, con estímulos económicos, el programa impulsa el traslado a las grandes urbes, particularmente a la capital del país.

Es así como los estudiantes reciben hasta cuatro salarios mínimos si han tenido que migrar a otra ciudad. Al hacerlo, desvinculan al estudiante de su medio cultural y reducen la posibilidad de que dicha inversión retorne a las regiones de origen.

Más acertada fue la  estrategia del gobierno de Ecuador de los últimos diez años, de crear y fortalecer universidades regionales que sirven como polos de atracción para la nueva población estudiantil. Dichas universidades recibieron profesores de Finlandia y España, con muy altos salarios de enganche, y trabajan por la excelencia en la formación.

Para una minoría

El tercer error es suponer que un pequeño programa que tan solo brinda educación a 10.000 jóvenes al año va a consolidar el derecho a la educación. En Colombia, según la Constitución y las leyes, la educación debe ser gratuita hasta el grado once. Todos los estudiantes deben tenerlo garantizado y el Estado está en la obligación de cumplirlo.

Pero apoyando a 10.000 jóvenes cada año nos demoraríamos más de un siglo en lograr la plena garantía de aquel derecho, puesto que hasta el momento tan solo el 1,5 por ciento de los estudiantes provenientes del 20 por ciento de los hogares más pobres acceden a la educación universitaria.

La cobertura de SPP es significativamente menor que la del Perú, donde un programa similar se extiende  a 100 mil estudiantes cada año. Y el avance de Colombia, aun contando el efecto de SPP, no se  compara con el 60 por ciento de cobertura que está alcanzando Chile o con la gratuidad lograda de tiempo atrás en las universidades públicas argentinas.

En lugar de fortalecer las regiones, con estímulos económicos, el programa impulsa el traslado a las grandes urbes, particularmente a la capital del país.

En Colombia hemos armado una gigantesca campaña publicitaria para un pequeñísimo programa de subsidio condonable tan solo para el 2 por ciento de los 450.000 estudiantes de los que se gradúan anualmente de la educación media.

Ajustes necesarios

Los defectos anteriores pueden ser corregidos de manera que aprovechemos una excelente oportunidad para consolidar la educación pública, la democracia y la paz en Colombia. Es conveniente convertir el programa en política de Estado, siempre y cuando realicemos algunos esenciales ajustes.

  • En primer lugar, el presidente anunció que “equilibrará” el apoyo a las universidades públicas y privadas. Si trasladamos a todos los nuevos “pilos” a las universidades públicas garantizaremos un impulso a la educación superior mediante el giro del valor real de las matrículas por parte del Estado. Sin duda son muchachos con buena proyección ya que han tenido puntajes excelentes en las pruebas Saber 11 a pesar de provenir de condiciones socioeconómicas muy adversas.
  • En segundo lugar, debemos pensar seriamente en fortalecer algunas universidades regionales y en crear algunas nuevas. Instituciones como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) o la del Cauca, por señalar algunos ejemplos, deberían ser fortalecidas en este proceso.

Al mismo tiempo deberían crearse nuevas universidades regionales en la Costa Atlántica, independientes de la clase política y con nuevos y rigurosos procesos de selección de docentes. Si lo logramos, tendremos nuevos polos de desarrollo regional y garantizaremos que los jóvenes formados en ellas retornen a sus lugares de origen para impulsar y liderar procesos de desarrollo regional.

Una educación pública robusta y de calidad es condición necesaria para conquistar la paz, al tiempo que una educación pública raquítica y de baja calidad es el mejor escenario para tener un pueblo fácilmente manipulable y al cual se engañe con historias fantásticas.

En Colombia hay mucha gente mayor de 18 años, pero pocas personas “mayores de edad” en sentido riguroso, pocas personas con criterio suficiente para interpretar la realidad y para leer de manera crítica la propaganda política que nos abruma con falsedades. Fortalecer la educación pública es el mejor camino para consolidar la paz, la democracia y las regiones. Ojalá no sea tarde para hacerlo.

Tomado de: www.razonpublica.com

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