Ser Pilo Paga: Un programa que hay que reestructurar

El programa volvió a ser el centro de intensos debates en las últimas semanas. El pedagogo Julián De Zubiría sustenta cómo y por qué hay que cambiarlo.

Por: Julián De Zubiría Samper

Los profesores representantes ante los Consejos Superiores y Académicos de las universidades públicas del país han rechazado recientemente los programas de financiación a la demanda. Respecto a Ser Pilo Paga (SPP), consideran que equivocadamente “destina recursos públicos al apalancamiento presupuestal de las universidades privadas, en detrimento del subsidio a la oferta que debe ser la directriz en un Estado Social de Derecho”.

Días antes, el Consejo Académico de la Universidad del Valle expresó que “no es cierto que SPP disminuirá la inequidad, sino todo lo contrario, y tampoco tendrá un impacto significativo sobre la ampliación de la cobertura”. También, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira le exigió al Ministerio de Educación Nacional (MEN) investigar serias denuncias sobre hasta qué punto los dineros dedicados a SPP están desfinanciando las instituciones de educación públicas.

En este contexto, miembros de la Cámara solicitaron a la Comisión del Gasto una evaluación económica y financiera del programa SPP y, paralelamente, se le abrió en el Congreso un debate de control político.

En estas líneas sustentaré por qué, desde mi perspectiva, el programa debe continuar, siempre y cuando se reestructure en tres sentidos: Que los “pilos” sólo puedan elegir entre diversas universidades públicas y que se descentralice la oferta entre universidades regionales reformadas y nuevas. Así mismo, que se cualifique, mediante seguimiento e investigación, su evaluación de impacto.

El país está perdiendo una oportunidad de oro para fortalecer la educación pública universitaria. En lugar de consolidarla, recibiendo 40.000 jóvenes de excelentes balances en las pruebas de Estado, el MEN decidió invitar a los “pilos” a que eligieran entre las públicas y las privadas de élite. Como era obvio, el 86% se decidió por las privadas y así seguirá haciéndolo. Excúsenme que recurra a un caso personal para ilustrar por qué creo que inevitablemente los “pilos” seguirán escogiéndolas.

Cuando mis dos hijos se graduaron del colegio fueron admitidos simultáneamente en la Universidad Nacional y en los Andes. Como creo que la Nacional supera a los Andes significativamente en calidad, les insistí que ingresaran a la educación pública. Aun así, ambos me dieron una lección. Me dijeron que, si era posible, independientemente de la calidad, no tendrían la más mínima duda para elegir la Universidad de los Andes. Para justificar su elección me señalaron múltiples argumentos: salario de enganche, dominio de segundo idioma, mercado laboral, internacionalización, laboratorios, deportes, dobles y triples programas, menor tiempo para la graduación, entre otros. La historia les dio la razón. Allí estudiaron y allí se graduaron de pregrado y de maestría.

Hoy habría que agregar argumentos como el de la infraestructura. Mientras unas se caen, las otras no paran de construir. Otro esencial: como el subsidio de la universidad pública es asumido directamente por el Estado, a quien pongamos a “elegir” entre recibir un crédito condonable pagando $100.000 semestrales en la Nacional o 20 millones en los Andes, casi sin excepción, elegirá la universidad privada de élite porque supone que el beneficio es mayor. En un crédito condonable, yo también elegiría los Andes. Eso sin mencionar diversos argumentos subjetivos como los supuestos beneficios en relaciones sociales o en nexos con docentes y compañeros a largo plazo. Por ello, no creo que haya mucho que indagar: la competencia entre las públicas y las privadas por los “pilos” es tan desigual, que, independientemente de la calidad, sin duda, saldrán beneficiadas las privadas acreditadas. Así lo ha demostrado el programa y lo seguirá haciendo, si no lo reestructuramos.

Ser Pilo Paga ha sido una maravilla para los 30.000 ‘pilos’ beneficiados y para las universidades de élite. Los alumnos de estas se han sensibilizado frente a la diversidad social y regional del país, como también frente a la inequidad: eso es muy positivo. Por otro lado, las universidades privadas que tenían dificultad para mantener sus alumnos por la tendencia decreciente en sus matrículas están que no caben de la dicha: les han dicho que pueden contar con un mercado anual de 10.000 jóvenes adicionales, pagando el 100% de la matrícula a perpetuidad si logran convertirlo en política pública. Por eso, lo defienden a capa y espada. Están defendiendo un mercado anual cercano a los 800.000 millones de pesos; y ya sabemos que ellos se quedan con la casi totalidad del dinero público invertido.

Es más, sólo cinco universidades se están quedando con la mitad de los “pilos” del país, estas son la Universidades del Norte, La Salle, los Andes, Javeriana y Sabana. Por eso, vuelvo a preguntar: ¿por qué estamos desaprovechando la mejor oportunidad que hemos tenido para fortalecer la universidad pública en el país? Si estos 30.000 jóvenes hubieran llegado a las públicas, también generarían dinámicas académicas y sociales muy positivas; con la enorme diferencia de que estas habrían recibido cerca de un billón de pesos adicionales en sus tres primeros años.

Las universidades privadas han cumplido un gran papel en la educación colombiana y las acreditadas han sido un ejemplo de calidad. Lo único que no es posible argumentar es que alguien crea que es lo mismo invertir en entidades privadas de élite que en universidades públicas. Ese argumento raya por completo en el cinismo. Tristemente, es el que más han esgrimido sus defensores: Que “la educación es un servicio y no importa quién lo preste”. Pero se equivocan, porque la educación no es un servicio, sino un derecho y el Estado tiene que hacer todo lo posible por garantizarlo a toda la población y no sólo a minorías. En eso tiene toda la razón la Mane, con la consigna “la educación es un derecho y no una mercancía” se llenaron las calles de jóvenes, exigiendo al Estado el cumplimiento de su derecho. El programa SPP ha sido vendido como el gran transformador de la educación colombiana. Se aprovechan de las ilusiones y, como los conquistadores, están cambiando los derechos de los jóvenes colombianos por baratijas. A los indígenas les dieron espejitos; a los jóvenes colombianos les están dando el programa SPP.

La frase que más usaron un poco más de un millón de colombianos que se expresaron en la reciente consulta del Plan Decenal fue para exigirle al Estado gratuidad en la educación y cumplimiento en el derecho a la educación. No les digamos que ello sólo es posible para los 10.000 jóvenes que cada año salen beneficiados con SPP. ¿Y los demás no tienen derechos?

800.000 millones anuales no deben ir al 2% de los egresados de la educación media ni tampoco a consolidar la infraestructura y los recursos económicos de las universidades de élite del país. Esa no es una buena política pública educativa. Por ello, se requiere una inmediata reestructuración para que los próximos 10.000 pilos ingresen sin excepción a las universidades públicas del país. Con ello, no se resuelve el problema de las universidades públicas, que es complejo y diverso, pero si se les da un impulso. Aun así, es evidente que el impacto de la política y de la inversión pública debe evaluarse de manera más rigurosa. Hay que validar las decisiones con estudios que logren precisar el verdadero impacto de las políticas que adoptamos en años anteriores.

Hay que fortalecer pedagógicamente a las universidades públicas, hay que quitarles a los políticos regionales su manejo, hay que cualificar la evaluación docente y hay que exigirle a la universidad pública que también fortalezca sus procesos de mediación y el acompañamiento pedagógico a los estudiantes con dificultades emocionales, sociales y cognitivas. Hay que fortalecer en las universidades públicas la investigación y hay que evaluar el impacto de los incentivos que se han tomado previamente; hay que llevar a cabo profundas reformas curriculares a partir del concepto de competencia desde la perspectiva del desarrollo humano y hay que fortalecer la formación de docentes y el trabajo en equipo, entre otros. Contar con 10.000 “pilos” y con cerca de un billón de pesos anuales ayudaría, sin duda, en este proceso.

Por último, no es conveniente impulsar el desplazamiento de estudiantes a los grandes centros urbanos. Con seguridad, los “pilos” que estudien en universidades de élite no retornarán nunca a sus regiones. Sería, por tanto, necesario ampliar y fortalecer universidades en las regiones que actualmente cuentan con un mayor número de “pilos” beneficiados y crear nuevas universidades públicas regionales, más pequeñas, e impulsarlas al recibir a los jóvenes que mejores resultados obtengan en las pruebas de Estado.

En síntesis, son tres medidas muy sencillas que nos garantizarían que un programa como SPP se consolide, pero que, al hacerlo, también ayude a fortalecer la educación pública y las regiones del país. La construcción de la paz y la ampliación de la democracia exigen fortalecer la educación pública. No le fallemos ni a la paz ni a la democracia.

Tomado de: www.semana.com

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